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lunes, 28 de mayo de 2018

Peor El Remedio Que La Enfermedad

Los colegios de jueces penales de Rosario rechazan que la Provincia persiga la venta de drogas de baja escala. Afirman que dividir la competencia atentará contra las investigaciones importantes contra el narcotráfico.

Los dos colegios de jueces penales de primera y segunda instancia de Rosario expresaron ante la Legislatura su "rechazo" a que Santa Fe adhiera a la ley nacional 26.052 -"la ley cómica", como la llamó el ministro de la Corte Suprema Daniel Erbetta- que divide la competencia de la Justicia federal para investigar el narcotráfico y encarga al fuero ordinario la persecución de las redes minoristas. El planteo fue hecho por escrito ante el presidente de la Cámara de Diputados Antonio Bonfatti, al que se sumó también el Colegio de Jueces Penales del Interdistrito (Villa Constitución, San Lorenzo, Casilda y Cañada de Gómez). Los magistrados señalaron la "inconveniencia" de que fiscales y jueces santafesinos investiguen y persigan el "narcomenudeo", fundaron la oposición en "razones técnicas y legales" y advirtieron sobre los "graves efectos" que tendrá en el Poder Judicial de la provincia si las Cámaras aprueban el desguace de las investigaciones. "El narcotráfico es un problema global que afecta a todo el país" y trasciende sus fronteras, por lo tanto debe "ser abordado desde la unicidad y no desde la división", plantea el documento. "Lo mejor es concentrar la "competencia" federal en la persecución de estos delitos y "no dividiéndola", dijeron.

El dictamen que ingresó a Diputados es del Colegio de Jueces Penales de segunda instancia de Rosario. Lo firman doce camaristas: Georgina Depetris, Alfredo Ivaldi Artacho, José Luis Mascali, Javier Beltramone, Guillermo Llaudet, Carina Lurati, Daniel Acosta, Carolina Hernández, Gabriela Sansó, Bibiana Alonso, Gustavo Salvador y Carlos Alberto Carbone. Pero tiene ya "la más firme y absoluta adhesión" del Colegio de Jueces Penales de primera instancia de Rosario, según la nota que suscriben el juez coordinador Luis María Caterina y el vicepresidente Gustavo Pérez de Urrechu. Y el  "expreso apoyo" del Colegio de Jueces del Interdistrito (Villa Constitución, San Lorenzo, Casilda y Cañada de Gómez), informó su juez coordinador, Carlos Pareto.

El escrito de diez páginas alerta sobre el "impacto" que tendrá "la investigación y juzgamiento" del narcomenudeo en la "estructural judicial santafesina", a partir de "los resultados y efectos disvaliosos" que ha tenido en otras provincia que se asociaron al sistema. Precisamente, Erbetta la llamó la "ley cómica" porque el desglose de la competencia penal en materia de estupefacientes "no puede regir para una provincia sí y para otra no". Y sugirió a los legisladores que "midan el impacto presupuestario de una ley de actuación en narcomenudeo. No resolverá los problemas, sino miren lo que pasa en Buenos Aires".

"El fenómeno del narcotráfico se puede abordar desde la demanda" o "desde la oferta", es decir, esta última variante es ni más ni menos que "las grandes organizaciones criminales que suministran, producen, transportan y exportan estupefacientes" que luego a través del narcomenudeo se ofrece al consumo, explicaron los jueces. Por lo tanto, "si analizamos" el problema "desde el combate de las organizaciones criminales, la asignación de esta competencia provincial" sobre la escala de narcomenudeo "en general ha determinado la disminución de investigaciones que atacan a estas expresiones más complejas y peligrosas".

El delito del narcotráfico es de competencia federal porque "es un problema global que afecta a todo el país" y trasciende sus fronteras. En consecuencia, debe "ser abordado desde la unicidad y no desde la división". Lo mejor es concentrar la "competencia" en la persecución de estos delitos y "no dividiéndola".

"Parece dificultoso pensar en dividir la competencia en la investigación cuando el espíritu de la ley, desde las disposiciones procesales" hasta "el tipo penal" responde a una norma "global e inescindible". Pero aún, si se aceptara la hipótesis de la "división de competencias" entre el fuero federal y el ordinario, "¿cuál sería el criterio más aceptable para realizar el corte entre uno y otro?", se preguntan los magistrados. "¿Cuál el criterio que nos garantiza la mejor eficacia en el proceso?"

"La ley no puede asumir la culpa de las decisiones políticas" que escamotean la "logística" y los "medios humanos y técnicos" para que las normas y los procesos sean "eficaces".

Otro de los problemas que advierten los jueces es el artículo 38 de la propia ley 26.052 que hace prevalecer al "fuero federal" si tramitara otra causa con "conexidad subjetiva" y hasta en "caso de duda" sobre la competencia de uno y otro. "Esta disposición implica que el traspaso no será liso y llano sino que podrá haber una infinidad de controversias" que debería resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación con todo lo que eso significa para "la velocidad o eficiencia de la investigaciones", concluyeron.